Desarrollo humano


COBERTURA SOCIAL UNIVERSAL

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La protección social es una política de Estado en Argentina. El Presidente Macri cumplió su compromiso de mantenerla y ampliarla. Hoy el Estado llega más y mejor a quienes más lo necesitan. Nueve millones de menores reciben todos los meses una cobertura del Estado, más de un millón y medio más que en 2015. La cobertura entre adultos mayores está en su nivel más alto de la historia, con la creación de la PUAM todos los mayores de 65 años tienen derecho a una cobertura del Estado y con la Reparación histórica un millón de jubilados finalmente está cobrando lo que les corresponde.

Récord de cobertura previsional. El 98% de los adultos mayores de 65 años recibe alguna cobertura de parte del Estado. Desde la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor todos los mayores de 65 años tienen derecho a una pensión. Ya no dependen de moratorias ni de decisiones políticas. Actualmente 152.682 personas ya la están recibiendo.

Reparación Histórica. Durante años, miles de jubilados tuvieron que atravesar engorrosos juicios contra el Estado para poder cobrar bien su jubilación. Con la Reparación Histórica más de un millón de jubilados finalmente está cobrando lo que les corresponde. Desde que se aprobó la ley 500.000 jubilados salieron de la mínima. La cantidad de jubilados cobrando la mínima se encuentra en su mínimo histórico y durante estos cuatro años se redujo del 54,4% al 48,8%.

Máxima cobertura de la Asignación Universal por Hijo. Durante estos años el Gobierno amplió y fortaleció la cobertura de la AUH. A fines de 2019 hay más de 4 millones de chicos que reciben un aporte del Estado. Son más de 300.000 chicos más que en diciembre de 2015, un incremento del 10%. Para lograrlo el Gobierno salió a buscar a los miles de chicos que tenían derecho a contar con una cobertura del Estado pero que por sus propias ineficiencias no lo estaban haciendo. Anses recorrió el país para visitar algunas de las localidades más aisladas. Entregamos documentos a los niños que no lo tenían y actualizamos bases de datos que, por errores o falta de información, impedían que algunas familias accedan a la cobertura. Además, simplificamos y comenzamos a automatizar los procesos de verificación de las condicionalidades de los chicos. Ahora los controles de salud y los certificados de escolaridad se pueden presentar a través internet. Y en algunas provincias ese proceso es automático y ya no hace falta que los padres los presenten en la Anses.

La cobertura más amplia de Asignaciones Familiares. A lo largo de estos cuatro años extendimos la cobertura de las Asignaciones Familiares que hoy alcanzan a casi 5 millones de chicos, su máximo histórico. Gracias a las modificaciones en el Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias y la ampliación del programa hoy hay 1,3 millones de chicos más que reciben la cobertura del Estado. Es un aumento del 37%. Lo primero que hicimos fue ampliar el programa para incorporar a los hijos de monotributistas que ahora también reciben la asistencia del Estado y a los trabajadores temporarios, para garantizar que sus hijos estén siempre cubiertos. Antes perdían meses de cobertura en el paso entre la AUH y las Asignaciones Familiares.

Nuevas escalas. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno fue modificar las escalas para hacerlas más equitativas e igualar los montos de la primera categoría a la AUH para evitar diferencias entre los empleos informales y el empleo registrado.

Plan Nacional de Primera Infancia. Para que todos los niños tengan las mismas oportunidades de crecer sanos y estimulados durante estos cuatro años el Gobierno creó una red de 1739 Espacios de Primera Infancia en los que 119.484 niñas y niños desde los 45 días a los 4 años reciben cuidados y alimentación saludable mientras sus madres y padres pueden trabajar o estudiar. El Plan Nacional de Primera Infancia es la primera política que pone en práctica las normas de promoción y protección que tiene nuestro país para la primera infancia.

Acompañamiento Socio Familiar. Uno de los grandes desafíos para la promoción de la primera infancia es el fortalecimiento de las capacidades de cuidado y crianza de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Con la convicción de que ese es un trabajo que se debe hacer de manera personalizada y siguiendo las trayectorias de cada familia el programa combina visitas a las familias por parte de profesionales para fortalecer las capacidades de crianza, la creación de Espacios de Sostén y Acompañamiento y la formación de personas e instituciones provinciales, locales y comunitarias.

IGUALDAD DE GÉNERO

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La lucha por alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres fue acompañada e impulsada durante estos cuatro años a través de políticas integrales pensadas en función de tres grandes ejes: garantizar la autonomía física, que incluye el acceso a la educación sexual y la protección frente a situaciones de violencia; promover la autonomía en la toma de decisiones, haciendo foco en generar liderazgos femeninos tanto en el sector público como en el privado; y fomentar la independencia económica, buscando eliminar las trabas para el desarrollo y la discriminación hacia las mujeres en la vida laboral y económica.

Cuando llegamos, el país carecía de una política integral para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el INAM estaba desjerarquizado y desfinanciado, la línea 144 no contaba ni con el personal ni con el presupuesto necesario para su buen funcionamiento. Argentina junto con Cuba eran los únicos países de la región sin un Plan de Igualdad y no había una línea de trabajo clara para promover la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia.

Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD): Cuando llegamos, no existía en Argentina una mirada integral para abordar la política de género. Por eso, armamos el PIOD que, con una mirada transversal, integral e intersectorial, reúne más de 200 medidas de todos los Ministerios Nacionales y agencias de la Administración Pública para que los tres poderes del Estado incorporen la perspectiva de género en sus políticas públicas.

Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: La Ley de Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2009 y reglamentada en 2010, había dejado el saldo pendiente de elaborar e implementar un Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Las medidas de este plan van desde la ampliación de la capacidad de la línea 144 y la creación de su primera app para celulares a la implementación del sistema de tobilleras electrónicas para el monitoreo de medidas de restricción perimetral, y la puesta en marcha del Cuerpo de Abogadas y Abogados gratuito para mujeres en situación de violencia.

Plan de Prevención del Embarazo no Intencional Adolescente (ENIA): Si bien existían programas y políticas públicas para la provisión de métodos anticonceptivos y el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las personas, no había una estrategia nacional que abordara integralmente esta problemática. En 2015 más de 100.000 chicas menores de 20 años quedaban embarazadas.

Conscientes de la complejidad del tema, interministerialmente y en forma conjunta con la sociedad civil se armó este Plan para reducir el riesgo de embarazo no intencional en adolescentes a través de la combinación entre el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en las escuelas con capacitaciones a docentes y nuevo material didáctico, consejerías en salud sexual y reproductiva para adolescentes, actividades de promoción comunitaria y, con una mejor articulación entre centros educativos y de salud, para la distribución de métodos anticonceptivos.

Jerarquización del Instituto Nacional de las Mujeres: Cuando llegamos, el organismo rector para las políticas de género era el Consejo Nacional de las Mujeres, un organismo desjerarquizado, desfinanciado y que no ejecutaba del todo su magro presupuesto (en el 2015 ejecutó sólo el 60% de sus 50 millones de pesos). Jerarquizamos el Consejo, lo transformamos en Instituto, y lo volvimos un organismo descentralizado con rango de Secretaría para garantizar mayor autonomía en la toma de decisiones y en la ejecución del presupuesto. Además, incrementamos un 36% su personal y aumentamos entre 2015 y 2019 un 530% su presupuesto (264 millones en 2019).

Línea 144: Generamos un espacio de escucha, contención y seguimiento para las mujeres que se comunican con la línea. Entre 2016 y 2018, la cantidad de llamadas aumentó casi un 50%. Esto tiene varias razones: invertimos 23 millones de pesos en equipamiento y mejoras en la plataforma de atención, aumentamos 41% la cantidad de profesionales que atienden la línea desde la sede del INAM y firmamos un convenio con la cámara de compañías de telefonía celular para garantizar la gratuidad del servicio para que con o sin crédito en el celular se puede llamar las 24 horas al 144, desde cualquier rincón del país.

Ley Micaela: Se aprobó esta ley que establece capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

Ley Brisa: Aprobada por unanimidad, esta Ley establece una reparación económica a las hijas e hijos de víctimas de femicidio equivalente a una jubilación mínima hasta que cumplan los 21 años.

Perspectiva de género en la Justicia: No existía una línea de trabajo clara para promoverla. Creamos el Área de Litigio Estratégico en el INAM, que, conformada por un grupo de profesionales especializados promueve la perspectiva de género en la Justicia a través del asesoramiento e intervención en causas judiciales. Desde el 2016 este equipo realizó más de 13 mil intervenciones.

Perspectiva de género en la Comunicación: Creamos, dentro del Observatorio de Violencia contra las Mujeres del INAM, el Capítulo de Violencia Simbólica y Mediática. Ahora existe un mecanismo para hacer llegar el reclamo de la sociedad frente a situaciones de violencia simbólica en los medios.

REFORMA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

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Los programas sociales dejaron de ser herramientas de la política o subsidios encubiertos para miles de familias argentinas para convertirse en verddaderas puentes para que sus beneficiarios puedan volver al mercado de trabajo. Hoy los programas son personales, ya no hay intermediarios y es obligatorio terminar los estudios secundarios y formarse en oficios. En estos años, 20 mil personas salieron de su programa para incorporarse a un empleo formal.

Hacemos futuro. Transformamos los programas sociales para que sean una verdadera herramienta para acompañar a sus beneficiarios hacia un empleo formal y de calidad. Unificamos todos los programas de empleo y formación profesional del Ministerio de Desarrollo Social en un único programa, personal, transparente y sin intermediarios.

Hacemos Futuro reúne a todos los beneficiarios de los antiguos programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio convertirlos en una verdadera herramienta para que sus beneficiarios puedan incorporarse al mundo del trabajo.

Ahora los beneficios son individuales, cada persona cobra en un tarjeta de débito personal e intransferible y debe formarse en oficios y terminar su educación obligatoria. En 2015, apenas el 47% de los beneficiarios de Hacemos Futuro había terminado sus estudios o estaba estudiando. Para fines de 2019 el 95% de las personas que forman parte del programa están cursando o terminaron el secundario.

También eliminamos a los intermediarios, organizaciones y punteros políticos que muchas ocupaban el rol que le corresponde al Estado. Ahora todos los beneficiarios deben presentarse en las oficinas de Anses para inscribirse y acreditar su participación en los programas. Para eliminar abusos se implementó una línea telefónica donde se recibieron más de 1.200 denuncias anónimas. A aquellas personas a las que se les exigía un aporte de su subsidio se las ha acompañado a hacer las denuncias policiales locales correspondientes.

Durante estos años 20.570 personas dejaron de cobrar su beneficio porque consiguieron empleo formal, al menos en parte gracias a la capacitación y el entrenamiento recibido durante su participación.

En muchos casos, los titulares que llevaban mucho tiempo en los programas sociales tenían temor de acceder a un empleo en blanco, ante la posibilidad de perderlo y ya no contar ni con ese salario ni con la asignación del programa al que pertenecían antes. Para evitar eso todos los beneficiarios que dejan el programa por un empleo en blanco tienen una ventana de un año para regresar al programa si perdieran el empleo.

AGUA, CLOACAS E INUNDACIONES

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El agua potable y las cloacas mejoran la calidad de vida de las personas y son fundamentales para un desarrollo humano alto y una vida saludable. El Gobierno implementó en estos años la primera parte del Plan Nacional del Agua, que estipula que para 2025 el 100% de la población urbana tenga acceso a agua corriente y el 75% a cloacas. La priorización de las obras estuvo siempre orientada por la evaluación objetiva de cada lugar y de las necesidades de sus habitantes.

En 2015, el Gobierno encontró una política de agua y saneamiento sin planificación y con décadas acumuladas de desinversión. Las obras, si se llegaban a hacer, se pensaban no con criterios técnicos sino por conveniencia política o personal de los funcionarios. En muchos casos quedaban abandonadas a medio construir o eran vandalizadas poco después de su inauguración. En estos años, en cambio, se finalizaron más de 500 obras, lo que permitió sumar casi un millón de personas a la red de agua potable y 1,7 millones a la red de cloacas.

Agua potable y cloacas. Desde que se lanzó el PNA, la población urbana con disponibilidad de agua de red pública creció 2,4 puntos porcentuales (a 89,1%), mientras que entre 2010 y 2015 había crecido un sólo punto porcentual. Además, mientras la población en vivienda particular en áreas urbanas con disponibilidad de servicio de desagüe cloacal creció cinco puntos porcentuales entre 2009 (53%) y 2015 (58,4%), desde la implementación del PNA, el aumento fue de 6,5 puntos, hasta el 64,5%. Entre 2016 y 2018 incorporamos casi un millón de habitantes a la red de agua potable y 1,5 millones a la red de cloacas.

Tratamiento de efluentes cloacales. En 2015, nos encontramos, por ejemplo, con que en la provincia de Buenos Aires plantas de tratamiento financiadas con créditos internacionales habían sido vandalizadas y abandonadas al mes de haber sido inauguradas. En algunas regiones nos encontramos con plantas de tratamiento al 10% de su capacidad porque no habían sido contempladas las redes cloacales. Toda la inversión destinada a mejorar la calidad de vida de los argentinos fue desperdiciada por la falta de cuidado y planificación. En estos años llevamos la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales, con obras termindas y en funcionamiento, del 20% al 40%.

Falta mucho por recorrer pero alcanzamos a duplicar la capacidad. Entre las obras grandes se puede señalar el Sistema Matanza Riachuelo, que en 2023 beneficiará a más de 4,3 millones de vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Es la obra de agua y cloacas más importante en el AMBA desde 1944. También trabajamos en pequeñas localidades que nunca tuvieron acceso a servicios básicos y donde los desechos cloacales se acumulaban en las calles y constituían un riesgo para la salud, las obras modificaron sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, se realizaron las primeras obras de cloaca en localidades que carecían por completo de desagües, como Laguna Limpia y Capitán Solari, que benefician a 7.000 vecinos.

Inundaciones. Con el fin de mitigar los efectos de las inundaciones y del cambio climático que afectan a los ciudadanos se promovió la actividad de los distintos comités de cuenca, para trabajar en políticas públicas a largo plazo fundamentales para proteger zonas urbanas y rurales en todo el país, sin criterios políticos o de conveniencia personal. Entre 2003 y 2015, por ejemplo, a provincia de Corrientes, no había recibido ni un peso en doce años para obras contra inundaciones porque el gobierno provincial no respondía a los intereses del Gobierno Nacional, a pesar de que las inundaciones afectaban a gran porcentaje del territorio correntino.

En estos cuatro años se finalizaron 29 obras finalizadas 5.064 millones de pesos, como la obra de Protección urbana del Río Tajamar, en La Rioja (180.000 beneficiarios), la obra de Desagües Pluviales en la ciudad de Bella Vista, Corrientes (35.000 beneficiarios), la obra de Readecuación Redes Pluviales Existentes y Construcción Estación de Bombeo Villa Alcira en Quilmes (12.000 beneficiarios) y la obra de obra de Desagües Pluviales Barrio Eucaliptos-Paglione, Moreno (15.000 beneficiarios). Además, hay 56 obras en ejecución y 12 obras en licitación o a iniciar. Se destaca la adjudicación e inicio de las obra del tramo 4.3 y 4.4 del Plan General del Río Salado, que junto con las licitaciones de obras complementarias en la cuenca beneficiarán más de un millón de hectáreas, y el comienzo del Sistema de desagües pluviales de la ciudad de Esquel, Chubut, entre otras.

VIVIENDA Y HÁBITAT

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Integración Socio Urbana de Barrios Populares:
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El Gobierno reserva un papel para el sector privado y entiende que una casa es más valiosa y produce verdadera inclusión social si está insertada en su comunidad y apoyada en el acceso a los servicios públicos y un entorno urbano sustentable. Estamos convencidos que el problema que enfrentamos no se resuelve desde una política reducida a un Estado constructor que financia a la oferta de vivienda y agota los recursos en proyectos de escasa sustentabilidad, sino que es preciso cambiar ese paradigma, para poner el foco en la gente, tomando una visión más integral, comprensiva del “Ecosistema de la Vivienda” y con capacidad de actuar sobre múltiples objetivos.

Es la primera vez en la historia del país que existe una política de vivienda integral, que incluye soluciones para cada tipo de familia. Consolidamos una política nacional de vivienda que ofreció distintas soluciones para diferentes realidades priorizando a los que menos tienen. Basamos la gestión en la transparencia, la eficiencia y la sustentabilidad.

Una solución para cada familia. Para los sectores más vulnerables, priorizamos el subsidio, la urbanización de barrios, la regularización dominial, la provisión de vivienda social y mejoramientos. Para los sectores medios, reactivamos el crédito hipotecario y los microcréditos, combinando subsidio, ahorro y crédito. Y para los sectores medios altos generamos herramientas de promoción a la oferta para que se desarrollen nuevas soluciones de vivienda. Así logramos proveer casi medio millón de soluciones habitacionales, mejorando la calidad de vida de más de 2 millones de argentinos.

En diciembre de 2015 hacían falta en la Argentina 1,6 millones de viviendas nuevas. Además, había otros 2,2 millones de hogares que necesitaban refacciones, ampliaciones o mejor infraestructura. El problema, que en total alcanzaba al 28% de las familias u hogares del país, había crecido aceleradamente en los años anteriores, según un estudio del Ministerio del Interior.

El empeoramiento de la situación no se debió a falta de dinero público. En todos estos años hubo un abundante financiamiento del Estado a proyectos de vivienda social, pero administrado de modo ineficiente y, en ocasiones, con criterios políticos discrecionales y clientelares. Se invirtió mucho pero se invirtió mal, sin planificación ni transparencia, lo que explica en parte la persistencia y la ampliación de los déficits de vivienda.

Ante la ausencia de crédito, las familias se procuraron como pudieron la vivienda propia, en muchos casos deficitaria y sin acceso a los servicios básicos. Desde 2015, el 100% de las viviendas construidas tienen acceso a los servicios básicos, un pilar clave para pensar el desarrollo habitacional integral.

Crédito. Luego de la crisis de 2001, el acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario se volvió cada vez menor. Entre 2001 y 2003, el crédito hipotecario pasó de representar el 5,5% del PBI a ser del 2,3% y luego siguió cayendo hasta 2016, cuando alcanzó el mínimo histórico de 0,8%. La falta de acceso al crédito hipotecario, gracias a la inestabilidad macroeconómica, la falta de mercado financiero y los controles cambiarios, perjudicaron especialmente a la clase media.

Tras la creación de la UVA, en dos años se duplicó el stock de crédito hipotecario y el periodo 2017-2018 fue el de mayor cantidad de nuevos créditos en 20 años. En estos cuatro años se otorgaron más de 200.000 créditos hipotecarios, de los que 116.000 fueron en UVA. Esto permitió una reconversión del mercado inmobiliario con una mayor participación de las escrituras con hipotecas (que llegaron a ser el 41% del total en la Ciudad de Buenos Aires, un valor nunca antes visto) y con incentivos a la construcción. Creció casi 30% el promedio mensual de créditos otorgados, se triplicó el crédito promedio en dólares y se multiplicó por ocho la cantidad de metros cuadrados comprados con crédito hipotecario.

El salto cambiario de 2018 y la caída del salario en dólares, sin embargo, erosionaron la mejora y el acceso al crédito cayó a los niveles previos, aunque con el sistema preparado para volver a arrancar cuando se recupere el salario en dólares.

El stock de créditos hipotecarios, luego de haber caído 30% en términos reales entre 2011 y 2015, creció 20% en los últimos cuatro años, impulsado principalmente por el desarrollo del mercado en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Río Negro y en Neuquén.

Desde agosto de 2019, el Estado Nacional fijó los valores de las cuotas para las familias que compraron su vivienda con un crédito UVA hasta diciembre, para contener los aumentos que se iban a generar producto del salto cambiario posterior a las elecciones primarias. Además, se presentó la propuesta para seguir fortaleciendo el sistema UVA a partir de una modificación en el índice por el cual ajustan las cuotas, de manera que evolucionen según el promedio de los salarios.

ProCreAr. Relanzamos el Plan ProCreAr, con un nuevo diseño que corrigió los problemas de selección (ya no era por azar) y hacía un uso más eficiente de los recursos del Estado. Invertimos más de $ 52.000 MM a través de las cuatro líneas de crédito: compra y construcción de vivienda, lotes con servicios y desarrollos urbanísticos. A través de: cuotas similares al precio de un alquiler, nuevas fuentes de financiamiento y selección por puntaje (transparencia y objetividad en el proceso).

Dentro del Plan ProCreAr, comenzamos a poner al Estado al día con la entrega de las viviendas de los Desarrollos Urbanísticos prometidas entre 2012 y 2015 pero que nunca habían sido construidas. En estos cuatro años se entregaron 10.000 viviendas y 1.300 lotes con servicios, además de las 29.000 familias que accedieron a la bonificación del Plan ProCreAr y de los casi 170.000 créditos hipotecarios entregados por fuera del programa.

FONAVI. Hasta la firma del Consenso Fiscal a fines de 2017, el dinero del FONAVI era de libre disposición y por eso muchas provincias lo usaban para gastos corrientes, como pagar sueldos. El objetivo es ahora que el sistema de financiamiento de desarrolladores se apalanque en estos fondos, así puede haber más viviendas con el mismo monto total, compartiendo el riesgo con el sector privado pero, también, fortaleciendo al ecosistema pyme constructor de las distintas provincias.

Vivienda Social. Según la AGN una de cada tres viviendas construidas incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda y que otro tercio de las viviendas se ejecutó sin infraestructura de servicios básicos.

Así encontramos proyectos habitacionales emplazados en localidades donde no había demanda suficiente, o donde no se había cumplido con la normativa local de ordenamiento territorial y/o transferencia de la titularidad del inmueble del desarrollo, proyectos diseñados con tipologías inadecuadas que no coincidían con la realidad local.

Solo durante 2015, 13.544 millones de pesos asignados a obras de vivienda fueron gastados en cuestiones que nada tenían que ver con la construcción de viviendas, según estimaciones posteriores.

Creamos el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, para mejorar la gestión del sistema federal de construcción. Para terminar con la corrupción y los intermediarios, desarrollamos el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE), que le permite al Estado garantizar la transparencia de las adjudicaciones de vivienda social y el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada programa integrado con otras bases de datos nacionales para realizar un análisis socioeconómico de los beneficiarios.

Promoción a la oferta. Desarrollamos el PROGRAMA VIVIENDA PROMOCIONADA (PVP) para fomentar la generación de oferta para los sectores medios, tomando para ello una vivienda de hasta 140.000 UVAS. Se desarrolló una plataforma en conjunto con AFIP para la tramitación de la exención impositiva y devolución de crédito fiscal del IVA, hay más de 20 proyectos en evaluación.

Se creó el Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de la Vivienda Social (FOGAVISO) para respaldar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas constructoras, como forma de facilitar su participación en la construcción de viviendas sociales.

Sustentabilidad. Lanzamos la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, con el objetivo de mejorar los estandares mínimos de calidad para las viviendas, promover la evaluación urbanística de los proyectos y el uso de sistemas constructivos industrializados.

Hábitat. El plan de renovación urbana promueve una configuración del territorio más equilibrada e inclusiva, a través de la realización de obras en espacios públicos como son los cascos urbanos, parques hídricos, nuevos espacios públicos y bordes costeros.

Realizamos intervenciones orientadas al desarrollo de ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y resilientes que promueven la integración y la reconsolidación del tejido urbano. Se iniciaron, junto a gobiernos provinciales, locales y municipales de todo el país, más de 530 proyectos de mejoramiento integral y 260 de renovaciones urbanas con la misión de transformar cada ciudad, pueblo y comunidad en espacios de oportunidad, encuentro, progreso y bienestar para todos. Estas obras alcanzan a 1.700.000 familias beneficiadas y requirió una inversión total de 48.800 millones de pesos.

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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Por primera vez en su historia Argentina tiene una estrategia nacional para la inclusión de las personas con discapacidad. La creación de la Agencia Nacional de Discapacidad unificó todas las políticas y programas relacionados con la discapacidad e inició una transformación profunda y de largo plazo para que todas las personas con discapacidad puedan vivir una vida plena, desde la certificación de la discapacidad, la asistencia, la autonomía y la inclusión.

Agencia Nacional de Discapacidad. Nunca antes las personas con discapacidad tuvieron un organismo que coordine y unifique todos los programas y políticas destinados a las personas con discapacidad. La Agencia tiene hoy bajo su órbita la gestión de las políticas públicas que antes llevaba adelante el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad (CONADIS), la gestión de las pensiones que dependían de la Comisión Nacional de Pensiones en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, la gestión del programa Incluir Salud, que pertenecía al ex Ministerio de Salud, y los programas de rehabilitación que llevaba adelante el Servicio Nacional de Rehabilitación.

Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. El primer estudio amplio y detallado sobre la situación de las personas con discapacidad es un paso fundamental para conocer el nivel de incidencia de la discapacidad en nuestro país y las condiciones de vida de esas personas.

Entre otros temas permite conocer la cantidad y el tipo de dificultades que se presentan en la población, sus orígenes, su impacto etario y regional, el uso del certificado de discapacidad, las condiciones laborales, de salud y educativas de las personas con dificultad y sus condiciones de vivienda. A partir de esta información es posible diseñar mejores políticas públicas.

Plan Nacional de Discapacidad. Una estrategia de trabajo 2017-2022 que vincula dos pilares fundamentales: por un lado, la participación ciudadana y por el otro, la articulación inter e intraministerial, con instancias de formalización de los compromisos y obligaciones asumidos con relación a los derechos de las personas con discapacidad. El Plan cuenta con 60 proyectos cuyo diseño, implementación y seguimiento se realizan de forma articulada con los diferentes organismos, ministerios y gobiernos provinciales y municipales. En estos primeros dos años se concluyó el 50% de los programas, 32% se encuentran en ejecución y el 18% está previsto que inicien en 2020.

Certificado Único de Discapacidad. La certificación de la discapacidad es una de las claves para la formulación de políticas públicas y la inclusión. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad digitalizamos el proceso de certificación, creamos y capacitamos nuevas juntas evaluadoras en todo el país y somos uno de los primeros países de Latinoamérica en actualizar el protocolo de certificación incorporando nuevas variables de evaluación que mejoraron los datos de registro y permiten identificar y visivilizar a las personas con discapacidad en situación más desfavorable.

Rehabilitación. Una de las grandes dificultades que enfrentan las personas con discapacidad es el acceso a servicios de rehabilitación y tratamiento, algo que se acentúa en el interior del país. Para revertir esta situación se creó la Red Federal de Rehabilitación que ya funciona en 17 provincias en las que se capacitó a 1700 profesionales para trabajar en cuestiones específicas de la discapacidad. Como parte de la ampliación de los servicios de rehabilitación del país se abrieron Talleres de Órtesis y Prótesis en 10 provincias.

Incluir Salud. Como parte del nuevo diseño para las políticas sobre discapacidad, durante estos años el Gobierno trabajó para descentralizar los servicios que financia la Agencia Nacional de Discapacidad a través del programa Incluir Salud en las provincias. Desde 2019 cada provincias puede administrar y asegurar las prestaciones de radioterapia, diálisis, y transporte para personas con discapacidad con financiamiento nacional. Esto permitió descentralizar la administración y gestión de trámites, otorgar mayor independencia a las provincias en el manejo de los recursos, brindar mayor eficiencia y tener mayor cercanía con los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Esto permitirá reducir los tiempos de atención en los territorios provinciales y garantizar la prestación y calidad de atención.

Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Empezamos a ordenar las pensiones por invalidez laboral que escondían inequidades y casos de corrupción para garantizar que la ayuda del Estado llegue a quienes más lo necesitan. Entre 2006 y 2015 habían crecido exponencialmente de 170.000 a 1.048.000. Habíamos heredado un sistema ineficiente donde los expedientes de 1.044.000 beneficiarios estaban distribuidos en cajas por distintas oficinas dificultando el acceso y control de la información. Migramos del expediente en papel al digital. Además ahora la solicitud de una pensión se puede realizar en las más de 450 oficinas que tiene ANSES distribuidas en todo el país.

SISTEMA DE SALUD Y PAMI

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El Gobierno del Presidente Macri inició durante estos cuatro años un camino que va a permitir transformar la gratuidad del sistema de salud pública en una verdadera cobertura de salud universal que permita a todos los argentinos acceder a los servicios, medicamentos y tecnologías de la salud. Como parte de ese proceso se profesionalizó y mejoró el servicio del PAMI y se transparentaron y redujeron drásticamente los costos de los medicamentos.

Cobertura Universal de Salud. Aunque en la Argentina la salud es pública y gratuita no todas las personas tienen el mismo acceso a los servicios de salud pública. Para revertir esta realidad el Gobierno creó y comenzó a desplegar en distintas jurisdicciones del país la Cobertura Universal de Salud, que es el camino para que las personas, vivan donde vivan, puedan acceder a los servicios de salud, medicamentos y tratamientos en las mismas condiciones.

La Cobertura de Salud ya funciona en 22 provincias y moderniza el sistema de salud permitiendo que cada persona reciba atención personalizada, integral y gratuita y tengo un mejor acceso a las prestaciones, medicamentos y tecnologías de diagnóstico y terapéuticas.

Con las CUS cada familia puede contar con un equipo de salud familiar y comunitaria, un centro de salud de cabecera, contar con su historia clínica digital y disponible desde cualquier centro de salud y acceder a medicamentos gratuitos. Hoy ya contamos con 723 equipos en todo el país y 936 hospitales que usan la Historia Clínica Electrónica, lo que se traduce en 5 millones de personas que estuvieron en contacto con el sistema de Salud Público y en 1,9 millones de pacientes disponibles en la Red Nacional de Salud Digital cuya información clínica puede compartirse entre hospitales, permitiendo su seguimiento a lo largo del país.

Medicamentos. Por primera vez el Ministerio de Salud, PAMI y otras obras sociales y organismos públicos nacionales llevaron adelante una política farmacéutica coordinada con la fijación de políticas de cobertura claras, la compra consolidada de medicamentos y estrategias de negociación de precios que bajaron los costos de los medicamentos e introdujeron transparencia en el sector.

PAMI. Históricamente el PAMI fue sinónimo de corrupción y mala atención. Durante los últimos años sus cuentas se habían ido deteriorando al igual que sus servicios. Hoy está saneado económicamente, pelea mejor sus precios con los laboratorios, es transparente y, lo más importante, mejoró la calidad de vida de cinco millones de jubilados.

Los afiliados al PAMI hoy tienen beneficios que no tienen los de otras obras sociales o prepagas, como la receta electrónica que evita visitas a médico y autorizaciones innecesarias. Gracias a que durante estos años se negoció duramente con los laboratorios se redujeron los precios medicamentos hasta un 80% y los afiliados de PAMI pagan sus medicamentos un 30% menos que los de otras obras sociales.

Sobrepeso, obesidad y malnutrición infantil. La obesidad infantil y el sobrepeso son desde hace años la principal amenaza de salud pública de la Argentina. Es la desnutrición del siglo XXI: 40% de las niñas, niños y adolescentes sufren de sobrepeso y se concentra fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Por cada chico con desnutrición clásica (bajo peso y baja talla) hay cuatro chicos con sobrepeso y obesidad. Se trata de un problema global especialmente grave en la Argentina.

Para revertir esta situación por primera vez Argentina cuenta con un programa interministerial de prevención del sobrepeso y la obesidad que incluye distintas estrategias que van de la información nutricional al mejoramiento de la calidad de los programas alimentarios a poblaciones vulnerables, la participación local y la sensibilización de toda la sociedad con campañas de comunicación.

Ley Justina. Desde la sanción de la ley, a mediados de 2018 todos los argentinos son donantes presuntos. Esto permitió un aumento récord en la cantidad de trasplantes, que en 2018 fueron 1.681.

EDUCACIÓN PARA EL FUTURO

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Iniciamos una transformación profunda de la educación argentina para que nuestros chicos reciban en la escuela una formación que los prepare para los desafíos del futuro. Recuperamos las evaluaciones de la calidad educativa y por primera vez evaluamos a los estudiantes de profesorado. Con esa información diseñamos propuestas pedagógicas y de formación docente que ya están dando resultados. Acercamos la tecnología a las aulas, conectamos 19 mil escuelas a internet y ahora los chicos aprenden programación y robótica desde jardín de infantes. Ampliamos la oferta de formación docente y avanzamos como nunca en la construcción de salas de jardín de infantes: hicimos el equivalente a 642 jardines y se están terminando otros 356. Creamos un programa para prevenir el abandono escolar y transformamos las Becas Progresar que ahora tienen una verdadera lógica educativa y premian al esfuerzo y priorizan las carreras estratégicas para el desarrollo del país.

Evaluaciones Aprender. Recuperamos las evaluaciones de la calidad educativa, que como en otras áreas del Gobierno, se habían abandonado y por primera vez en muchos años los indicadores de calidad educativa están revirtiendo su tendencia. Los resultados de la evaluación Aprender de 2018 mostraron un aumento de 8,5 puntos porcentuales en la cantidad de alumnos de nivel primario con desempeño alto y una disminución de 7,4 puntos porcentuales en la cantidad de alumnos por debajo del nivel básico. La desigualdad entre los estudiantes con rendimiento más alto y más bajo se redujo en todas las provincias.

Aprender conectados. La currícula educativa, además, empezó a reflejar los desafíos del mundo actual. Aprender Conectados es la primera iniciativa en la historia de la política educativa argentina que se propone implementar un programa integral de educación digital, programación y robótica en todos los niveles de la educación obligatoria, que hace de la escuela un lugar de innovación educativa y encuentro con la tecnología. Es una política de inclusión real desde Sala de 4 años, única en toda la región.

La Argentina es el primer país de América latina que integra la programación y la robótica desde el Nivel Inicial en la educación obligatoria, y uno de los 5 países del mundo reconocidos por la UNESCO como ejemplo por su política de preparación de los estudiantes para el futuro.

En un hecho sin precedentes, durante esta gestión, se conectó a Internet al 60% de la matrícula del país, se formó a más de 400.000 docentes en alfabetización digital y se entregaron, hasta 2019, equipos informáticos con diversas herramientas de programación y robótica a todas las escuelas del país beneficiando a 8 millones de estudiantes. Asimismo, impulsamos el Plan Nacional de Alfabetización Digital, que busca garantizar el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo en un mundo cada vez más digital.

Formación docente. Durante estos años ampliamos la oferta de capacitación con nuevas modalidades: 50.000 docentes egresaron de cursos virtuales y 30.800 docentes concluyeron estudios con postítulos; 220.200 docentes participaron de ateneos didácticos y 930.000 de jornadas institucionales. En educación técnica 37.000 docentes se han capacitado a través de 65 ofertas formativas, cuatro postítulos virtuales y 27 ofertas formativas presenciales y semipresenciales del programa EnFoco ETP.

A partir de 2017, y también por primera vez, se avanzó en la generación de información para el fortalecimiento del sistema formador docente. Directivos, docentes y estudiantes de los Institutos de Formación Docente (IFD) participaron en dos dispositivos complementarios: la Evaluación Diagnóstica Nacional Enseñar, de estudiantes avanzados de la carrera de Formación Docente y la Autoevaluación Institucional Enseñar. La Evaluación Diagnóstica Nacional Enseñar tuvo como objetivos:

  • Contribuir al diagnóstico del sistema de Formación Docente a partir de información en torno a saberes básicos de los estudiantes avanzados de carreras docentes.
  • Aportar información para fortalecer los procesos de mejora de la formación docente inicial.
  • Promover los procesos de reflexión sobre la formación en el interior de los Institutos a partir de la información generada.

En línea con la nueva política de evaluación y de información sobre el sistema educativos se crearon dos dispositivos para los institutos de formación docente. A través de la Evaluación Diagnóstica Nacional Enseñar se evalúa a los estudiantes avanzados de carreras docentes para obtener información sobre sus saberes básicos. Y se creó la Autoevaluación Institucional Enseñar para fortalecer los procesos de mejora de la formación docente y promover procesos de reflexión sobre la formación en el interior de los institutos de formación docentes. La Autoevaluación Enseñar alcanzó a 82.201 estudiantes de 1.110 Institutos, y a 1.008 directivos, 24.563 docentes de 20 jurisdicciones.

Terminalidad educativa. Por primera vez el Gobierno tiene una estrategia para prevenir el abandono escolar. El Programa Asistiré permite detectar y acompañar a los chicos que están en riesgo de abandonar la escuela. En 2019, con la implementación del programa en 670 escuelas de 6 jurisdicciones logramos que 6.926 estudiantes, cuyas trayectorias educativas estaban en riesgo de ser interrumpidas, sean acompañados mensualmente. El 75% de estos casos presenta una evolución positiva. Y 5.168 estudiantes volvieron a la escuela y asistan a ella regularmente.

Infraestructura. Durante estos cuatro años llevamos adelante un ambicioso plan de infraestructura con foco en la ampliación de las vacantes de jardín de infantes. Construimos 1811 salas de jardín de infantes que equivalen a 642 jardines nuevos, superando los 556 jardines que se construyeron durante el período presidencial anterior.

Becas Progresar. Todo esto con foco en acompañar a los estudiantes que más lo necesitan. Las Becas Progresar tienen montos más altos y promueven el estudio de carreras estratégicas y estimula a los alumnos a medida que avanzan en sus carreras con promedios más altos. Para que esto sea posible hicimos el primer estudio de áreas de vacancia para entender qué profesionales hacen falta en cada región del país.

Becas internacionales. En este período, se duplicaron las becas internacionales alcanzando un total de 4.349 becas entregadas. Entre ellas, se dieron becas de grado, maestría, doctorado, investigación posdoctoral y pasantías.

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

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Durante estos cuatro años, por primera vez Argentina tuvo una verdadera política ambiental impulsada desde el Estado. Hasta la llegada de este Gobierno había poco interés político por el eje ambiental. Las acciones generadas eran defensivas y proteccionistas, a partir de una actitud conservadora sobre la agenda ambiental. La Argentina estaba alineada con países como los nucleados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que desde una posición minoritaria cuestionaba los informes producidos por las Naciones Unidas sobre cambio climático. Se trabajaba de manera desarticulada y sin lineamientos estratégicos. Tampoco había un trabajo conjunto con las provincias, pese al fuerte contenido federal del área.

En diciembre de 2015, nuestra la política ambiental se alineó con las discusiones globales y contemporáneas y se convirtió en uno de los canales principales de la estrategia de integración inteligente al mundo. Además, empezó a estar articulada por objetivos específicos y a ejecutarse en conjunto con otras áreas de gobierno, las administraciones provinciales y municipales y el sector privado. De esa manera, se desarrolló una estrategia ambiental que no le da la espalda al desarrollo productivo sino que se integran en su cadena de valor y la mejora.

Parques nacionales y superficie protegida. En estos años se crearon nueve parques y áreas protegidas, como el Parque Nacional Aconquija, el Parque Nacional Iberá y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Seis de esos se crearon en 2018: fue el récord de creación de parques nacionales y áreas protegidas en un año. Y relanzamos el curso de formación de guardaparques nacionales, que estaba cerrado desde 2012. Triplicamos la superficie protegida en todo el país y aumentamos al 7% la protección de nuestro mar con la creación de los parques marinos Yaganes y Namuncurá Banco Burdwood II. Los parques nacionales y las áreas protegidas significan oportunidades y desarrollo para sus comunidades. Crean empleo, generan mejores condiciones de vida y arraigan a las poblaciones locales.

Cambio climático. Ratificamos el acuerdo de París, aumentamos nuestra meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nos comprometimos a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y creamos el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que trabaja en conjunto con el sector privado y la sociedad civil para encontrar las mejores maneras de alcanzar esas metas. Elaboramos Planes de Acción Nacionales Sectoriales de Cambio Climático, correspondientes a Agro, Salud, Infraestructura y Territorio, Bosques, Industria, Energía y Transporte. Trabajamos para desarrollar en serio las energías renovables, que pasaron de cubrir menos del 2% de la demanda de energía eléctrica a más del 11,6% hoy.

Bosques nativos. En los últimos años, la deforestación se mantuvo en tasas anuales 50% menores que en los veinte años anteriores. Esto fue posible gracias a una mejor coordinación entre jurisdicciones y una mejor implementación de la Ley de Bosques. Además, creamos un sistema de alerta temprana de deforestación y Forestar 2030, un plan para restaurar los bosques nativos que ya lleva casi cuatro millones de árboles plantados.

Glaciares. Publicamos el inventario de glaciares, una deuda incumplida por el gobierno anterior. Entre 2010 (año de aprobación de la Ley de Glaciares) y 2015, el inventario se había avanzado al 13%. Entre 2016 y 2016% se completó al 100%. El inventario es uno de los principales insumos para la protección, control y monitoreo de los glaciares.

Estado del Ambiente e información pública. Volvimos a publicar el Informe del Estado del Ambiente, una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental nacional, que no se publicaba desde 2012, necesario para que tanto las organizaciones civiles como todos los niveles de gobierno puedan desarrollar políticas sobre la base de diagnósticos confiables. También publicamos el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos y el Inventario de Humedales, en conjunto con organizaciones y universidades. Y promovimos y adoptamos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Riachuelo. Empezamos las obras cloacales del Riachuelo, las más importantes en más de medio siglo, que son el primer paso para limpiarlo. Cerramos el 100% de los macrobasurales en la cuenca Matanza-Riachuelo.

Desarrollo sustentable. Creamos la Red Federal de Ciudades Sustentables, un programa que da asistencia técnica y financiera a municipios de todo el país, para que desarrollen acciones que contribuyan a la mejora de la calidad ambiental local. También creamos PROESUS, un concurso para potenciar emprendimientos sustentables mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. E implementamos el Programa de Reconversión Industrial (PRI).

CULTURA

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Impulsamos una política cultural centrada en darle herramientas a artistas y gestores culturales para que desarrollen sus propios proyectos en un ecosistema plural y democrático, con una visión verdaderamente federal, y en mejorar la gestión del patrimonio público. Dejamos atrás una política estatal que veía a la cultura como un espacio de imposición ideológica y partidaria. Y recuperamos el lugar de la cultura argentina en el mundo.

En estos cuatro años, incrementamos las becas y los fondos concursables, desarrollamos nuevos programas orientados a la formación de gestores culturales y mejoramos la accesibilidad a las instituciones y actividades culturales. Aumentamos la producción de cine, a través del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales y la del teatro en todo el país, por medio del Instituto Nacional del Teatro. Continuamos con el fomento a la música mediante el recientemente creado Instituto Nacional de la Música. Y modernizamos la gestión y programación de instituciones fundamentales para la vida cultural argentina, como el Teatro Cervantes y la Biblioteca Nacional.

Becas y apoyo para artistas. El Fondo Nacional de las Artes triplicó la cantidad de becas para artistas. En estos cuatro años entregó 3067 becas, frente a las 917 de los cuatro años anteriores.

Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes asistió a la mayor renovación de su historia, tanto en su programación bajo la dirección de Alejandro Tantanian como en lo edilicio. Se generó una programación contemporánea, experimental y de calidad para encarar el desafío de pensar el teatro y lo nacional en toda su complejidad. Por primera vez, se llamó a licitación pública para realizar la puesta en valor del teatro. Luego de doce años de lucir con andamios, se concretó la renovación de fachadas y balcones.

Biblioteca Nacional. La Biblioteca fue dirigida por el célebre editor y traductor Alberto Manguel, cuya gestión logró ampliar considerablemente el acervo patrimonial. Se recibieron donaciones importantes como la biblioteca personal de Bioy Casares y Silvina Ocampo y el archivo personal del ex presidente Raúl Alfonsín. Por otra parte, en una segunda etapa de gestión, Elsa Barber asumió la Dirección y se convirtió en la primera mujer y bibliotecaria de carrera en dirigir la Biblioteca Nacional.

INCAA. De 2016 a 2019, aumentó de manera constante el porcentaje de ejecución del fomento sobre el total de los recursos impositivos recaudados por el INCAA. El porcentaje de ejecución aumentó en 2018 un 54,2 %, que supera el 50 % de los ingresos que tuvo el INCAA tal como la Ley de Cine exige, lo que no se cumplía desde hacía ocho años. Durante la gestión actual, la inversión realizada en dólares aumentó un 7,6 %. Esto se traduce en un constante aumento de la producción cinematográfica local y su presencia en las pantallas. Los estrenos crecieron casi cuatro veces entre 2016 y 2019 y la producción de largometrajes aumentó un 44 % en los últimos cuatro años –de 159 películas en 2015 a 229 en 2018–. Una de las claves para mejorar los resultados fue poner énfasis en la transparencia.

Museos Nacionales. Modernizamos la gestión de los museos nacionales. Por primera vez en la historia, designamos a sus directores a través de concursos de oposición, antecedentes y proyectos. Además, destinamos recursos a restaurar y poner en valor su infraestructura, en algunos casos en completo estado de abandono. Este año, los museos nacionales recibieron el doble de visitas que en 2016 (1.700.000 contra 830.000).

Industrias creativas. En estos cuatro años, conectamos a los creadores y emprendedores culturales con los mercados del mundo a través de programas como MICA, Micsur, el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo y Fábrica de Emprendedores. Con programas de formación cultural, brindamos herramientas a más de 30.000 agentes culturales, públicos e independientes en temas relacionados con la gestión, el desarrollo de audiencias, accesibilidad cultural e innovación. Impulsamos una gestión federal a través del Consejo Federal de Cultura y de la Red de Ciudades Creativas. Consolidamos programas con impacto social, como las orquestas infantiles y juveniles.

Información pública. Mediante el SINCA, el Sistema de Información Cultural de la Argentina, realizamos en todo el país una encuesta de consumos culturales. El informe presentado da respuestas estadísticas acerca de cuestiones como qué escuchamos los argentinos, qué leemos, qué hacemos en Internet, en qué prácticas culturales participamos, entre otras. Esta información es relevante tanto para el diseño de políticas públicas culturales como para el desarrollo de estrategias por parte de todas las industrias culturales. Además, realizamos en articulación con la UNESCO un informe sobre perspectiva de género en el sector cultural, analizada desde la óptica del acceso, el consumo y la participación de las mujeres el mercado laboral.