Cultura democrática


INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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En 2015 el Estado era opaco, discrecional y a menudo usado por la dirigencia para su beneficio personal. Los organismos de control, como la SIGEN o la Oficina Anticorrupción, no desempeñaban las tareas para los que habían sido creados, y el sistema de estadísticas públicas había sido desarticulado. Este Gobierno, en cambio, entendió desde el primer día que a integridad y la transparencia en la gestión del Estado y de los asuntos públicos producen varios efectos positivos: previenen y exponen la corrupción, aumentan el control interno y externo, mejoran el clima para la inversión, generan empleo y aumentan la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. Para eliminar la corrupción del Estado no alcanza con no ser corrupto. Es necesario consolidar una arquitectura institucional que reduzca al mínimo las oportunidades de corrupción y prevea mecanismos para que los futuros actos de corrupción, si ocurrieran, sean descubiertos, denunciados y juzgados rápidamente.

El INDEC. Tras una exhaustiva revisión metodológica, el INDEC volvió a difundir el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) en junio de 2016. En julio de 2017, el IPC amplió su cobertura a todo el país. También se reinició la publicación del indicador de Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia, interrumpido desde el cuatro trimestre de 2013 después de haber sido publicado desde 1992. La normalización del INDEC incluyó la reactivación de su relación con distintos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el BID y el FMI, que en 2013 había emitido una declaración de censura contra el país por la manipulación de las estadísticas públicas. El proceso incluyó a la OCDE, en el contexto de la candidatura argentina a ser miembro del grupo. En 2016 vinieron distintas misiones de trabajo y se hizo una primera evaluación de las capacidades estadísticas del INDEC y el Sistema Estadístico Nacional. Esta evaluación –y la incorporación de las recomendaciones resultantes– logró que el programa estadístico argentino recibiera el respaldo oficial de la organización. Recientemente se envió al Congreso el proyecto de Ley Estadística que busca que no pueda volverse atrás en todos estos avances y que no se vuelvan a manipular las estadísticas públicas.

Acceso a la información. En septiembre de 2016 se sancionó, tras obtener amplias mayorías en ambas cámaras, la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre los principios que la sustentan está el de no discriminación, incluido en su primer artículo: “Se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. Así como toda persona tiene derecho a pedir información, todo miembro de la administración pública está obligado a darla (con las muy puntuales excepciones que establece la propia ley), desde ministros, organismos descentralizados, diputados, senadores o jueces hasta fideicomisos constituidos con bienes del Estado, el Banco Central o concesionarios de juegos de azar. La ley indica, además, la constitución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo director fue designado por un proceso público y transparente, y al que se le dieron todas las atribuciones para ejercer su cargo con efectividad. La agencia es un ente autárquico, con autonomía funcional, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Organismos de control. En estos años se fortalecieron las herramientas de los organismos de control, a través del dictado de normas como el Decreto 258/19 que aprueba el Plan Nacional Anticorrupción (PNA) 2019-2023, el Decreto 83/18 de Nepotismo en el Poder Ejecutivos, el Decreto 1169/18 de Fortalecimiento de la ONC y Ordenamiento del Sistema de Contrataciones de Obra Pública, el Decreto 732/18 de Prerrogativas de Sangre, el Decreto 72/18 de Fortalecimiento de la SIGEN, entre otros. En estos cuatro años el Gobierno ha promovido una agenda de reformas necesaria, urgente e integral, que ha logrado avances importantes. Algunos fueron trabajando en conjunto con el Congreso, como las leyes de Acceso a la Información, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y del Arrepentido para los Casos de Corrupción.

Oficina Anticorrupción. En diciembre de 2015, la OA había sido transformada en un repositorio de papeles y carpetas que justificaban la existencia de una burocracia con pocos o nulos resultados. Muchos argentinos ni siquiera sabían de su existencia. En estos cuatro años, la OA se transformó en un referente institucional de la política de integridad y anticorrupción dentro de la Administración Pública Nacional, para funcionarios y empleados públicos, y, para agencias similares de gobiernos subnacionales y de otros países. Se multiplicaron las consultas y los pedidos de asistencia técnica. La OA presidió el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 en 2018 durante la Presidencia argentina y participó activamente en este foro y otros especializados. Después de más de una década de incumplimiento internacional, la OA lideró el proceso interno que concluyó en una evaluación positiva de las recomendaciones del Grupo Antisoborno de la OCDE en junio de 2019. Los resultados están a la vista: el nivel de cumplimiento de las declaraciones juradas pasó del 83% en 2015 al 94% en 2019. Entre 2012 y 2015 hubo 16 dictámenes por conflictos de interés, contra 134 entre 2016 y 2019.

Ley Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Fue sancionada en 2017. Busca prevenir la corrupción a través de la implementación de programas de integridad y permite sancionar a las empresas por delitos de corrupción, estableciendo la posibilidad de lograr acuerdos con las empresas a cambio de información que permita identificar a las personas físicas que cometieron los delitos. La ley también contempla la ampliación de la jurisdicción para delitos de soborno transnacional mediante la modificación del artículo 1 del Código Penal. Con esta norma, un funcionario argentino o cualquier otra persona que soborne en el extranjero puede ser juzgada por la justicia argentina. Además, prevé la ampliación de la definición de funcionario público extranjero, mediante la modificación del artículo 77 del Código Penal. Así, se torna operativo el artículo 258 del mismo Código, que tipifica como delito el soborno a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional.

Plan Nacional Anticorrupción. Se trata de una iniciativa del gobierno nacional, elaborada y coordinada por la OA y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete. Fue aprobado por el Decreto 258/19. Plan Nacional Anticorrupción. El PNA constituye una articulación inédita y fundamental a fin de alinear las iniciativas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a los mandatos de las convenciones internacionales y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante la comunidad internacional. Consolida los objetivos prioritarios planteados por el Poder Ejecutivo Nacional en 2016 en línea con las Convenciones Internacionales contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero de la ONU, la OEA y la OCDE.

Nueva Ley de Ética Pública. Este proyecto es el resultado de un proceso de elaboración participativo y consensuado y contó con diversas instancias de participación pública. Se realizaron talleres y mesas de trabajo en Casa Rosada, en las que fueron convocados expertos en la materia, representantes de la sociedad civil y de la comunidad académica. Asimismo, el proyecto fue sometido a una consulta online (se registraron 89 comentarios) y también presentado a través de la plataforma Justicia 2020 (se registraron 34 aportes). Durante todo el proceso, participaron de la discusión del proyecto diversas áreas del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura. Además, se contó con la asistencia técnica del Banco Mundial y de la OCDE. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación el 6 de marzo de 2019 y presentado en la Cámara de Diputados, ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, por la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción junto con el Secretario de Fortalecimiento Institucional de la JGM. La OA ha participado en reuniones de asesores técnicos de los legisladores a fin de discutir detalles de la propuesta.

Ránkings internacionales. En 2018 la Argentina alcanzó su mejor desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, al ubicarse en el puesto 85/180 con 40 puntos. Esto implica una mejora de 22 puestos en relación con su peor ubicación, en 2014, y de 21 puestos respecto de 2015. El Foro Económico Mundial publica todos los años el Informe Global de Competitividad. Desde a 2017, la Argentina logró una notable mejoría en puntaje y posición en el ranking, ubicándose entre las 100 economías más competitivas, puesto del que había salido entre los años 2013 y 2016. En la edición 2019, el país ocupa el puesto 83 de un total de 141 países. Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno que realiza el Banco Mundial reflejan la gobernabilidad de 215 economías del período 1996-2018. En 2018 y en comparación al 2012, la Argentina mostró avances relevantes en todas las dimensiones analizadas, entre ellas el control de la corrupción, subiendo 15 puntos.

LIBERTAD TOTAL DE EXPRESIÓN Y PRENSA

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La libertad de expresión y la libertad de prensa fueron pilares de la gestión del Presidente Macri. Después de años de enfrentamientos y persecuciones, el Gobierno promovió el diálogo y el respeto como un valor fundamental de la vida democrática. Los medios públicos dejaron de ser una tribuna oficial y reflejaron las voces de la sociedad argentina. La publicidad oficial se administró de forma austera y transparente.

Periodismo y libertad de expresión. El Presidente Macri puso fin a los enfrentamientos y las persecuciones del Gobierno a quienes piensan distinto y la información sobre la gestión de Gobierno y sus datos volvieron a abrirse a la sociedad. En estos años jamás criticó a un periodista ni desmintió informaciones que le parecieran incorrectas.

Entre 2015 y 2019 el Presidente Macri dio 104 conferencias de prensa, más que ningún otro presidente. A esto se suma la apertura de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos para los medios, la recuperación de sus salas de prensa, las conferencias de prensa periódicas que ofrecen Ministros y funcionarios y la recuperación de datos y estadísticas que hoy son públicos y accesibles.

La apertura del Gobierno también se vio reflejada en la presentación de los informes del Jefe de Gabinente ante el Congreso. Durante sus cuatro años de gestión el Jefe de Gabinete presentó 30 informes. Nunca antes un Jefe de Gabinete se había presentado tantas veces ante el Congreso. Entre 1995 y 2015 sus antecesores habían presentado apenas el 33% de los informes que les correspondían.

Publicidad oficial. Entre 2015 y 2019 el Gobierno transparentó la manera en la que se administra la publicidad oficial y redujo su presupuesto a un tercio.

En 2015 el Gobierno había destinado a publicidad oficial más de 8.000 millones de pesos en valores actuales, el presupuesto más alto de la historia. Gradualmente, durante estos cuatro años, el Gobierno disminuyó el gasto combinado en publicidad oficial de Jefatura de Gabinete, que en 2019 fue de 2.450 millones de pesos. En términos relativos, el presupuesto de publicidad oficial bajó del 0,22% del presupuesto total del Estado Nacional en 2015 al 0,07% en 2019.

Para transparentar y ordenar la administración de la publicidad oficial el Gobierno estableció un procedimiento que sigue estándares internacionales y los lineamientos que utilizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos relacionados a este tema, en los cuales pidió criterios “claros, objetivos y equitativos” sobre la distribución de la pauta.

Además, la información sobre la administración de la publicidad oficial ahora es pública y es obligatorio publicar esos datos dos veces por año. El Gobierno también reconstruyó y publicó los datos de publicidad oficial que no se habían difundido ni en 2014 ni en 2015. Los datos se pueden consultar en: www.argentina.gob.ar/jefatura/pautaoficial

Sistema Federal de Medios Públicos. Con la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos el Gobierno inició un proceso de transformación y modernización de los medios públicos.

Hoy todos los contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos se encuentran disponibles a través de la plataforma digital CONTAR. Allí es posible encontrar contenidos en vivo y on demand de la producción de la TV Pública y las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV para ver por streaming desde cualquier dispositivo.

Radio Nacional, por su parte, renovó su programación con periodistas profesionales. Hoy es un espacio plural y de servicios que refleja las amplias voces de nuestra sociedad. Para ofrecer una perspectiva efectivamente amplia y federal, Radio Nacional es la única del país que tiene dos programaciones totalmente diferentes (una federal y otra local) en cada ciudad del país. Y se descentralizó la producción de programas para incluir en la grilla programas elaborados no solo en Buenos Aires sino también en distintas ciudades del país. Jamás en sus 82 años RNA había emitido ningún programa que no saliera al aire desde Buenos Aires.

También la TV Pública se encuentra en un proceso de transformación y profesionalización recuperando el valor de la pluralidad de voces. Del noticiero participaron más de 50 periodistas y locutores de todo el país. La TV Pública genera todos los días 20 horas de contenidos. El 80% de dicha programación se produce en el canal y el resto son contenidos que provienen de Encuentro, Paka Paka y de la programación artística del CCK. Sólo un mínimo son producciones externas.

Todo esto en un contexto de austeridad y responsabilidad en la administración del presupuesto. En moneda constante de constante de 2018, los gastos corrientes disminuyeron un 52,21%. Todo ello manteniendo el nivel salarial de los empleados por encima de la media nacional, con una responsable política de retiros voluntarios (y de jubilaciones anticipadas) y administración de horas extras.

En simultáneo se continuó la cobertura de las actividades deportivas de la Argentina en distintas disciplinas y se recuperó la producción de contenidos de ficción. Cuéntame cómo pasó es la primera tira diaria íntegramente producida por la TV Publica en 20 años. También se generaron contenidos de alta calidad y audiencia como El Marginal I, II y III, La Caída y El Mundo de Mateo, entre otras.

MEJORA DE LA JUSTICIA

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Al asumir, el Gobierno encontró un sistema judicial lento y burocrático, poco eficaz en su tarea de llevar justicia a la sociedad; percibido como lejano por una gran parte de la población; cercano al poder político, especialmente en la Justicia Federal; y, en algunos sectores, excesivamente ideologizado. En estos cuatro años se dieron pasos importantes para avanzar en cada uno de estos frentes. El Gobierno, para empezar, se ha mantenido imparcial y ha respetado la independencia de la Justicia, incluso en las grandes investigaciones por corrupción. Comenzó así el mayor rediseño de la justicia nacional y federal de los últimos 25 años. Implementamos el Sistema Acusatorio. Pusimos en marcha un nuevo sistema de Justicia Penal Federal. En el nuevo sistema hay roles claros; los procesos se tramitan y resuelven oralmente, lo que favorece el control. Investigaciones complejas se hacen más rápido y con mejores resultados, gracias a nuevas herramientas como el arrepentido, el informante, el agente encubierto y el revelador. Y sobre todo introdujimos un cambio radical de paradigma, al reconocer los derechos de las víctimas de delitos y ponerlas en el centro del sistema penal, en lugar de marginarlas como se lo había hecho durante tantos años.

Nuevo Código Procesal Penal Federal. En Salta y Jujuy, donde ya está vigente el Nuevo Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2018, un juicio por narcotráfico puede demorar 13 días en ser resuelto, frente a los tres años que podía llevar con el sistema anterior. Todas las causas están digitalizadas y se puede acceder a ellas de forma remota. Antes, la víctima era excluida del proceso, y ahora tiene un rol activo y los jueces están obligados a escucharla, informarla y notificarla antes de tomar cualquier decisión. Antes nadie sabía quién había escrito la sentencia que aparecía firmada por un juez, ahora los jueces tiene que estar presentes en las audiencias orales y públicas y decidir allí mismo los casos. Pronto estará vigente en más provincias.

Derechos de las víctimas. Junto a las víctimas sancionamos e implementamos la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos que instaura un moderno sistema de derechos y garantías para otorgarles un papel activo en los procesos penales. A través del Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CENAVID) ya llevamos atendidas más de 15.000 víctimas. Creamos un Observatorio de Víctimas para que puedan monitorear su funcionamiento.

Delitos sexuales. Reglamentamos e implementamos la Ley de Delitos contra la integridad sexual, creando el Registro Nacional de Datos Genéticos que se encontraba pendiente desde 2013. Estamos tomando muestras de ADN para la incorporación de 3.905 perfiles genéticos de condenados. Así, logramos aumentar un 70% la cantidad de detenidos por violación desde 2015, pasando de 6.545 a 11.109.

Más condenas en menos tiempo. Pusimos freno a la puerta giratoria con el proceso de flagrancia. El 53% de las causas donde se aplica se resuelve dentro de las 30 horas de cometido el delito, lo que permite aprovechar los recursos humanos del sistema de Justicia para la investigación de delitos complejos. Con los juicios unipersonales, los Tribunales Federales de todo el país pasaron de dictar 980 condenas en 2015 a 3510 en 2017, lo que significa un incremento de 334%. Y logramos un aumento de 27,5 % en la cantidad de condenas dictadas por la totalidad de los tribunales argentinos desde el 2015, pasando de 36.518 a más de 44.000. Cuando hablamos de causas de drogas las condenas aumentaron un 95% desde 2015, pasando de 1.639 a 3.199. Gracias a la lucha contra la impunidad, desde 2015 tenemos un 32,7% más de delincuentes presos, pasando de 71.464 a 94.833, de los cuales 15.216 lo están por narcotráfico, lo que implica un aumento del 85,7%. Por primera vez en la historia y por segundo año consecutivo logramos que la mayoría de los presos tenga condena firme (54%).

Lucha contra la corrupción. Creamos el Régimen de Extinción de dominio, una acción civil por la que el Estado demanda ante la Justicia la propiedad sobre bienes respecto de los que existan sospechas fundadas de que provienen de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, y cuyos titulares no puedan probar su origen lícito. La primera demanda ya fue presentada en un caso en el que se dictaron embargos por $7.010.000.000 a una organización narcocriminal que traficaba drogas a Europa. El juez determinó que los bienes pasen a la administración y custodia del Estado hasta que se dicte la sentencia y sean subastados. El dinero recuperado se podrá destinar a financiar políticas públicas de educación, salud y seguridad, para que vuelva en beneficio de la comunidad. Luchamos contra la corrupción tanto de los funcionarios como de los empresarios. Establecimos un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos de corrupción,exige la devolución de los beneficios del delito y habilita los acuerdos de colaboración con la investigación judicial. Profesionalizamos el Programa de Protección a Testigos para transformarlo en una herramienta de colaboración vital para el sistema de justicia. Pasó de atender un promedio de 41 casos al año a 153. Aumentamos un 670% la cantidad de testigos protegidos por crimen organizado, 162% por narcotráfico y un 29% en casos vinculados a trata de personas.

Oralidad civil. Cientos de jueces de 15 provincias y la justicia nacional civil, a traves de convenios con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, elaboraron protocolos de gestión oral del período probatorio y comenzado a gestionar los procesos de conocimiento civiles (accidentes de tránsito, cumplimiento contratos, mala praxis, entre otros) en dos audiencias, videograbando directamente la audiencia de prueba y eliminando las actas. Esto favorece que los ciudadanos lleguen a acuerdos dentro del juicio; se evita el dictado de sentencias y los terminan juicios en pocos meses. No solo los litigantes están altamente satisfechos (más del 99% de los usuarios encuestados respondió que estaba satisfecho con el trato recibido en las audiencias y el 93% con la duración de su proceso), sino que los abogados tambien se benefician (más del 96% de los abogados encuestados respondió que estaba satisfecho con la depuración de la prueba realizada en el juicio y más del 95% con los intentos conciliatorios realizados por el Juez). Juicios que antes podían tardar cinco años ahora se resuelven en promedio en 1,3 años.

Justicia 2020. El Gobierno creó Justicia 2020, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para lograr una transformación integral de las instituciones del sistema de justicia, a través de un proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas. Su objetivo fue la elaboración, implementación y evaluación de políticas para construir, junto a la sociedad, una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable. A través de Justicia 2020 se presentan las iniciativas y proyectos estratégicos de la gestión 2016-2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cualquier persona puede acceder y participar en los debates virtuales y en las reuniones presenciales. Los funcionarios responsables de las iniciativas son quienes leen y responden todos los aportes. La visión de Justicia 2020 tuvo tres notas esenciales: cercanía a la gente; modernidad; independencia y transparencia. Muchos de los avances logrados transversalmente en toda la gestión surgieron de esta plataforma.

Acceso a la Justicia. Guiados por la idea de que la justicia tiene que ser cercana y accesible a todos los ciudadanos, 90 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) distribuidos en todo el país dieron atención legal primaria y gratuita a más de 500.000 personas desde 2017. Además se puso en funcionamiento el Primer Hospital de Derechos en el barrio de Once, un centro que brinda asesoramiento y asistencia legal de manera integrada y gratuita en coordinación con distintos organismos del Estado Nacional y de la CABA. Por su parte, la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito fue iniciativa para que que los CAJ deleguen casos que requieren de abogados. 60 instituciones forman parte de la Red.

Federalismo judicial. Nunca antes en la historia desde el Poder Ejecutivo Nacional había apoyado de forma tan contundente el desarrollo y la modernización de los sistemas de justicia provinciales. Financiamos la construcción de más de 60.000 mts2 en polos judiciales, centros de justicia y unidades carcelarias, así como la incorporación de moderna tecnología para mejorar el servicio que brindan a la población y equipamos salas de audiencias en 23 jurisdicciones. Capacitamos de forma virtual y presencial a más de 9300 magistrados y funcionarios judiciales de todo el país en técnicas de investigación criminal y ciberdelito. También co-financiamos a 33 laboratorios forenses en todo el país para que tengan equipamiento de avanzada y se incorpore más prueba científica para terminar con la impunidad.

Nuevo Código Penal. Presentamos un nuevo proyecto de Código Penal por primera vez en un siglo. Esperamos que se apruebe pronto. Hoy manejar borracho o drogado es solo una infracción, con el nuevo código será un delito. Hoy quien porta un arma puede ser excarcelado, con el nuevo código irá preso. Con el actual código los corruptos pueden ser excarcelados y reciben como máximo una pena de seis años, con el nuevo código van a ir hasta 12 años presos. Hoy quien sale en libertad después de violar o matar no es controlado por nadie: con el nuevo código será supervisado por 10 años para evitar que reinicida. El que venda paco tendrá más pena. Las penas para narcotraficantes podrán ser las mismas que para el homicidio. Tirarle piedras o proyectiles en una marcha a la policía, aún sin lastimar a nadie, será un delito. No queremos más violencia en las calles. Hoy vender entradas truchas es una contravención y los barras siempre zafan, con el nuevo código será delito y pueden ir presos. No más mafias en el fútbol. La porno venganza se convierte en delito.

Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Presentamos un nuevo proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy en los procesos de niños, niñas y adolescentes no se escucha a la víctima; con el nuevo sistema la víctima es central y se busca que participe y que sea reparado el daño. Hoy la familia del niño, niña o adolescente o sus referentes no son escuchados. El nuevo sistema propone que deberán participar y hacerse cargo del problema. Hoy un niño, niña o adolescente de 16 años que comete un delito puede ser condenado a perpetua; con el nuevo sistema no. Hoy los niños, niñas o adolescentes que cometen delitos pueden ir presos o volver a sus casas sin ninguna sanción; con el nuevo sistema deberán cumplir sanciones socioeducativas o disciplinarias, y eventualmente de encierro Hoy un Juez de Menores tiene total discrecionalidad para decidir lo que quiera respecto de un NNA, mientras que con el nuevo sistema se establecen pautas objetivas sobre que y como tiene que decidir frente a cada caso. Así se evita la arbitrariedad. Hoy un chico de 8 años puede estar preso por la sola voluntad de un juez, con el nuevo sistema hay pautas claras sobre quienes no pueden ser detenidos y quienes sí y por cuánto tiempo.

UN ESTADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

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Los argentinos dejamos de tomar como ciertos algunos lugares comunes alrededor del Estado: que es necesariamente lento, que la manera en la que funciona es la única manera en la que puede funcionar y que no puede cambiar. En estos cuatro años, trabajamos para modernizar el Estado, con tecnología, con mecanismos instituciones que garantizan la transparencia y a través de mejorar la calidad del empleo público. Nos propusimos poner el Estado al servicio del ciudadano: simplificamos trámites que no se revisaban desde hacía años, como el del monotributo, unificamos información y creamos sistemas que permiten la interoperabilidad y trazabilidad y creamos mejores instancias de interacción entre el Estado y los ciudadanos. Pasamos de un Estado que se manejaba en papel y esperaba que los ciudadanos se acercaran a sus oficinas a uno que valora su tiempo, los atiende mejor y les facilita el acceso a herramientas para que desarrollen sus planes de vida. Abrimos el gobierno y el Estado a la sociedad: la información pública hoy es accesible, y ese acceso está garantizado por ley.

Expediente electrónico. Hasta 2015 el Estado Nacional se manejaba en papel. Hoy el expediente electrónico funciona en todos los ministerios, en 190 organismos de la administración pública nacional, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero y en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay 17 millones de expedientes generados de esta manera. Cada uno de ellos deja rastros que se pueden seguir. Ya no se pueden manejar con discrecionalidad y su resolución sigue procesos claros. No depende del favor del funcionario de turno. Además, a través de las plataformas de compras y contrataciones públicas Compr.ar y Contrat.ar hay más de 30.000 proveedores activos y compras y contrataciones adjudicadas por más de 115.000 millones.

Trámites digitales. La digitalización del funcionamiento del Estado permitió también mejorar el servicio que se le ofrece al ciudadano, que hoy puede acceder a más trámites digitales, resolverlos de manera más veloz y hacer un seguimiento online. Son más de 1.800 los trámites que antes eran presenciales y ahora se pueden hacer a través de la plataforma Trámites a Distancia, como la inscripción a la Universidad de Buenos Aires. Además, creamos Mi Argentina, una aplicación web y móvil en la que cada argentino tiene una cuenta única para interactuar con el Estado, pedir turnos, iniciar y seguir trámites a distancia y recibir alertas de vencimiento de documentación, entre otros servicios. Ya tiene 2.400.000 usuarios. Creamos el DNI digital y la licencia de conducir digital, que se pueden llevar en el celular y facilitan trámites diarios. También llevamos herramientas digitales a 1.600 municipios para mejorar la interacción con sus habitantes.

El Estado en tu Barrio. Para acercar y facilitar el acceso a los servicios y programas que ofrece el Estado Nacional en 2016 creamos El Estado en Tu Barrio. En El Estado en Tu Barrio, cada semana y cerca de sus casas, los vecinos accedieron a servicios de salud, tramitaron sus documentos y la Asignación Universal por Hijo, se anotaron para becas de estudio y consultaron sobre los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, de PAMI y de los Ministerios de Justicia y Trabajo y obtuvieron certificados de vivienda familiar, entre muchos otros servicios. En estos cuatro años se realizaron 3.846 operativos, que llegaron 487 municipios y en los que se hicieron más de 7 millones de trámites.

Empleo público. En 2015, había solamente siete funcionarios de la Alta Dirección Pública que habían sido designado por concurso. Hoy hay 328 designados de esa manera. Eso implica que hoy hay más directores y coordinadores elegidos exclusivamente por sus competencias profesionales y mérito, e independientes de cuál sea el partido que gobierne. Otra medida para mejorar la calidad del empleo público fue haber aumentado la oferta de capacitaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública, cuyas vacantes pasaron de 35.000 a 170.000. También se rediseñaron las estructuras jerárquicas del Estado Nacional con el objetivo de hacerlo más ágil, mejorar su funcionamiento y atender mejor a los ciudadanos. Para eso, se diseñaron estructuras más horizontales que mejoran la toma de decisiones y optimizan la utilización de los recursos económicos. La reestructuración implicó reducir más de 900 cargos políticos en organismos del Estado.

Gobierno Abierto. Hoy tenemos un Estado que aprovecha las posibilidades que da la tecnología para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y, por lo tanto, fortalecer la democracia. En estos años desde el Poder Ejecutivo impulsamos la Ley de Acceso a la Información Pública y publicamos más de 900 datasets en datos.gob.ar. En 2017, Argentina pasó del puesto 54º al 17º en el Índice Global de Datos Abiertos (fuimos el país con mayor crecimiento) y este año asumimos la co-presidencia de la Alianza Global de Gobierno Abierto.

RECONVERSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

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Al asumir, el Gobierno encontró unas Fuerzas Armadas desmotivadas, atrasadas desde el punto de vista normativo, con capacidades disminuidas, gran parte del material obsoleto y gran desorden en la política salarial. El Ministerio de Defensa era además uno de los organismos donde había menos información. En estos cuatro años se lograron avances significativos para actualizar unas Fuerzas Armadas todavía preparadas para los desafíos del siglo XX. Se revirtieron años de desinversión y se empezó a pensar en una política de defensa de largo plazo.

Reconversión del Sistema de Defensa Nacional. Este proceso fue concebido a partir de dos grandes líneas de acción. La primera de ellas fue sobre todo simbólica. El Gobierno detectó una madurez en la propia sociedad acerca de la mirada sobre las FFAA, que se tradujo en una puesta en valor como institución central del Estado. La segunda línea de acción tuvo que ver con las acciones orientadas a la Reconversión del Sistema de Defensa Nacional propiamente dicho. A mediados de 2018, el Gobierno dio inicio al mencionado proceso de reconversión, que incluyó la modificación de la Reglamentación de la Ley de Defensa y la aprobación de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que sienta las bases para la consolidación de un Sistema de Defensa moderno, flexible y profesional. El instrumento militar, en tiempo de paz, tiene la misión principal de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Se priorizó la vigilancia de los espacios soberanos, incluyendo como novedad el ambiente ciber. Se trabajó en apoyo de la política exterior, como durante el G20 y los JJOO de la juventud. Las Fuerzas Armadas acompañaron a la comunidad a situaciones de emergencias y catástrofes.

Empresas de la defensa. El mundo de la industria de la defensa desarrolló un valiosísimo proceso de transformación. Se sanearon las cuentas y se readecuaron las capacidades de FAdeA, Fabricaciones Militares y Tandanor. Se encaró un proceso centrado en la sustentabilidad económica, así como en la internacionalización de la cartera de productos y servicios. En FadeA la facturación al sector privado pasó de un 2% en 2015 al 13% en 2018, proyectándose en un 23% para el 2019. Además, se reactivó la fabricación de aviones luego de 10 años, con cinco aviones Pampa entregados. Tandanor también registró una evolución favorable: alcanzó el equilibrio económico financiero y no depende más de aportes del tesoro nacional desde julio de 2018, con un 40% más de reparación de buques que en 2015.

Integración Norte. El Operativo Integración Norte, que forma parte de Plan Fronteras Protegidas, responde a los lineamientos emanados por la Directiva Política de Defensa Nacional. Tiene como objetivo prioritario fortalecer la presencia del Estado Nacional en las zonas de fronteras, brindando apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad Federales mediante el despliegue de personal y de medios, actividades de apoyo a la comunidad y desarrollo de la vigilancia y el control aeroespacial. La colaboración entre instituciones como la Gendarmería y el Ejército ha tenido un gran efecto disuasorio para las actividades criminales, con un notable incremento de la seguridad en áreas clave.

Reequipamiento. En diciembre de 2015, la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea estaba en graves condiciones. Sin ir más lejos, había tres camadas que no podían egresar de la carrera de Piloto por falta de horas de vuelo. Con la incorporación de doce aviones Texan se aseguró una escuela viable por los próximos 25 años. La Armada recuperó recuperó su capacidad de aviación con la incorporación de cinco aviones Súper Étendard, y su capacidad de patrullaje marino con la incorporación de Adquisición de cuatro buques de patrullaje marítimo multipropósito (OPV), mediante un acuerdo con el gobierno de Francia. Estos son solo algunos de los hitos del proceso de equipamiento más intenso que hayan vivido las Fuerzas Armadas de la Argentina en las últimas décadas.

Veteranos. En una iniciativa histórica, se inauguró la oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas en el Ministerio de Defensa, con el fin de optimizar los servicios brindados a los veteranos de manera unificada e integral al máximo nivel institucional. La Oficina de Coordinación administrará la base de datos de los veteranos de guerra y les brindará asesoramiento y atención presencial, virtual y telefónica a los veteranos, a sus familiares y deudos.También será la encargada de otorgar el certificado único de veterano de guerra, y de articular con el PAMI el Programa de Atención de Veteranos de Guerra y supervisar su funcionamiento. Se unificarán las juntas médicas psíquicas y físicas de las Fuerzas Armadas bajo una única junta que dependerá del Estado Mayor Conjunto, con lo que se seguirá agilizando el proceso de los certificados relacionados con el artículo 40 para que sus beneficios lleguen a quienes lo necesitan.

Política salarial. Se decidió avanzar con la jerarquización y el blanqueo de haberes, así como con la necesidad de equiparar el sueldo del personal de las Fuerzas Armadas al de las Fuerzas de Seguridad. Nunca había habido un proceso tan fuerte de recomposición salarial para los retirados como durante este período. Desde el inicio de la gestión se recuperaron unos tres puntos porcentuales por año (12 en total).

Ciberdefensa. Se avanzó en cuatro ejes principales: creación del Centro Nacional de Ciberdefensa; protección del ciberespacio como espacio soberano; reingeniería de las redes de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de Defensa y convergencia de las capacidades de las FFAA. Se realizó la puesta en operación del núcleo iSOC & CSIRT interconectado con el Comando Conjunto de Ciberdefensa, las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. Se puso en marcha la plataforma de intercambio de información de ciberataques y amenazas MISP (Malware Information Sharing Platform) y se desarrollaron acciones de carácter bilateral con Estados Unidos, Chile, Brasil y Colombia. En el plano multilateral, se participó activamente en el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa y en la Junta Interamericana de Defensa.

Servicios de la defensa. El Servicio Meteorológico Nacional trabajó estratégicamente en tres ejes de mejora: monitoreo, calidad de los pronósticos y comunicación con la sociedad. Se publicaron en el sitio web mapas con información actualizada en rangos de 10 a 15 minutos y se fortaleció la emisión avisos a corto plazo. Se amplió el plazo de pronóstico a siete días y el detalle horario para los primeros dos días. Se implementaron productos orientados a usuarios específicos tales como la aviación, el sector agropecuario, la gestión de riesgo (SINAGIR) y la navegación marítima. El Instituto Geográfico Nacional desarrolló un nuevo visualizador de mapas que mejora la calidad de la información geoespacial disponible. Se publicaron el nuevo catálogo bibliográfico y cartográfico institucional en línea y el primer Atlas Nacional Interactivo de Argentina (ANIDA), disponible en internet y de acceso público. El Servicio de Hidrografía Naval llevó a cabo la confección, la actualización y el mantenimiento de más de 280 cartas náuticas de papel y 79 cartas de navegación electrónicas de los litorales marítimo y fluvial y de la Antártida Argentina. Se realizó la Primera Edición de las Cartas Climáticas de la NAVAREA VI, Atlas de Nubes y Atlas de Estado del Mar.

Apoyo a la comunidad. El Ministerio de Defensa brindó ayuda humanitaria en todo el país: evacuación de personas, racionamiento a evacuados y personal en servicio, y apoyo en materia de comunicaciones, limpieza y remoción de escombros durante inundaciones, tormentas, nevadas e incendios en todo el país. Además, se llevaron las tradicionales campañas sanitarias con el propósito brindar asistencia médica y social a los pobladores de ciudades ribereñas a las que nadie más llega, un articulado entre los ministerios de Defensa, Desarrollo Social y Salud, Justicia y Derechos Humanos, Producción y Trabajo, del Interior y Jefatura de Gabinete, además de organismos provinciales y municipales. El Ministerio de Defensa también participó de la iniciativa El Estado en tu Barrio.

Actuación internacional. Se firmaron acuerdos de cooperación militar con Canadá, China, Corea, EEUU, Guatemala y la India. Se mantuvieron encuentros bilaterales con varios de esos países y con muchos otros, como Perú, España, Francia y el Reino Unido. Además, la Argentina participa en cuatro Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, con un total de 277 efectivos desplegados: Medio Oriente, Sahara Occidental, Chipre y República Centroafricana. Se dio por finalizada la participación que Argentina mantenía desde 2017 en la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, con el repliegue del último contingente de Observadores Militares en julio de 2019. La integración global de la Argentina en materia de Defensa se vio reflejada en el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, para la cual se logró una fuerza multinacional única en el mundo coordinada por nuestro país.

VICEPRESIDENCIA

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La Vicepresidencia de la Nación orientó su gestión sobre tres ejes principales: transparencia, calidad institucional y eficiencia y razonabilidad en los gastos, con la idea de que estos estándares mejoraran la situación encontrada en diciembre de 2015. Los tres ejes fueron transversales a toda la gestión vicepresidencial, que incluyó, además de la presidencia del Senado de la Nación, otras áreas específicas: relaciones internacionales, política nacional de discapacidad, programa de generación de empleo a través del artesanado y el diseño argentinos y mejoras en gestión ciudadana.

Presidencia del Senado. La gestión buscó en primer lugar ofrecer información transparente a la ciudadanía. Se implementó el acceso público a toda la información y actos administrativos del Senado, además del expediente parlamentario en formato electrónico. Se creó la Dirección de Transparencia y se comenzaron a publicar las actas de votación de las sesiones. También se instrumentó el sistema biométrico para el control de acceso. Se hicieron concursos para cubrir cargos vacantes y se bancarizó el pago a proveedores. Se llevó adelante un plan de restauración integral del Palacio del Congreso. con obras que se debían desde hace más de 70 años. Se fortaleció la política de inclusión, superando el cupo legal de personas con discapacidad en la Planta. Finalmente, en cuanto a la eficiencia en los gastos, se canceló deuda heredada y se redujeron un 30% el gasto en viajes y un 43% la Planta Permanente, mediante ordenamiento del personal, retiro voluntario y jubilaciones. La estructura de cargos políticos, por su parte, se redujo en estos años un 35%.

Relaciones internacionales. La Vicepresidencia no se mantuvo ajena a la política de inserción económica y comercial de la Argentina en el mundo. En ese marco, la Vicepresidenta visitó a 32 países. Esos viajes incluyeron una comitiva de funcionarios de áreas económicas, productivas, comerciales y de inversión. El modo principal de vinculación con el empresariado de cada país se daba a través de la realización de un seminario modelo, en el cual los principales hombres y mujeres de negocios de cada país accedían a la información necesaria para sentirse atraídos por el mercado comercial y de inversiones argentino. Se financiaron, a través del BID y del Gobierno de Japón, tres proyectos de cooperación en las áreas de Educación y Discapacidad, por más de dos millones de dólares.

Discapacidad. La Vicepresidenta de la Nación impulsó un cambio de paradigma en la materia, para pasar de un modelo asistencialista a un modelo de inclusión y promoción del proyecto de vida de las personas. Se creó la Agencia de Discapacidad para que la política de discapacidad tuviera la jerarquía de una política de Estado transversal que dependiera directamente de la Presidencia de la Nación. Por primera vez en la historia argentina se elaboró un estudio sobre la discapacidad en la Argentina, con un soporte estadístico magnitud (INDEC-ANDIS-CAF). Se realizó la II Cumbre Mundial de Discapacidad en Tecnópolis, con la participación aproximadamente de 30 países, 400 expositores del más alto nivel y 20.000 asistentes. Por último, a través de la Red Federal de Rehabilitación, se generó un sistema de capacitación y asistencia a los profesionales del área, articulado en forma dinámica en 17 provincias, y se formularon políticas activas transversales con todos los ministerios correspondientes.

Generación de empleo. Se creó un programa para la generación de empleo genuino, que articula con los diferentes ministerios y organismos una política de desarrollo del artesanado argentino. Se realizó el primer relevamiento del artesanado de calidad en todo el país, la comercialización de cuyos productos resultó ser altamente rentable en el mercado interno y en los mercados del lujo sustentable, la moda ética y el comercio justo (como por ejemplo, en las ferias de diseño internacionales en Nueva York, Lisboa, San Pablo, Londres y Madrid). Está en proceso de implementación una plataforma de venta directa para el artesano.

Gestión ciudadana. Para acercar la atención al ciudadano se diseñó un sistema de desde la propia Vicepresidencia de la Nación, ya que las llamadas telefónicas, las cartas, los requerimientos a través de redes y los mails que llegaban a la Vicepresidenta eran muy numerosos e implicaban a distintas áreas del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y hasta de los gobiernos municipales. El equipo de la Vicepresidenta realizó entre 2015 y 2019 una atención personalizada de más de 13.600 pedidos y demandas ciudadanas. De todos ellos se concluyó al día de la fecha el 83% de los casos. La resolución de cada caso se hizo en articulación con los organismos involucrados (nacional, provincial y municipal). El objetivo del sistema no solo era resolver las demandas ciudadanas, sino aprovechar esta realidad para hacer docencia cívica desde el Estado.